Análisis Legal y Constitucional: La Vacancia Presidencial
La destitución de la presidenta Dina Boluarte por el Congreso de la República, bajo la figura constitucional de “incapacidad moral permanente” (IMC), marca un nuevo y crítico capítulo en la profunda crisis de gobernabilidad que afecta al Perú, elevando la cuenta a siete presidentes en menos de una década. Este evento, precipitado por la creciente violencia y criminalidad, exige un análisis sobrio y estrictamente legal.
1. El Marco Constitucional de la Crisis
La figura de la vacancia por IMC (artículo 113 de la Constitución) ha sido, una vez más, el mecanismo utilizado para la remoción de la Jefa de Estado.
Perspectiva Legal: Aunque el procedimiento de vacancia es constitucional, su aplicación “exprés” o en contextos de alta convulsión política genera debate sobre su uso y potencial abuso. La rapidez del proceso, sumada al rechazo de la presidenta a ejercer su defensa por considerarlo inconstitucional, evidencia la tensión entre los poderes del Estado y la urgente necesidad de una interpretación más clara y reglamentada de la figura de la IMC.
Seguridad Jurídica: Para el sector empresarial, la inestabilidad presidencial recurrente, derivada de este mecanismo, representa un riesgo sistémico. La falta de predictibilidad política afecta directamente la planificación estratégica, la inversión y la confianza en el país.
2. La Criminalidad como Causal de Destitución
Es relevante destacar que la moción de censura fue impulsada principalmente por la incapacidad para combatir la ola de criminalidad que afecta tanto a la ciudadanía como al sector económico (extorsiones, sicariato, inseguridad).
Implicancia Empresarial: Esto demuestra que la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado no son solo temas sociales, sino también factores económicos y políticos determinantes. La criminalidad se ha convertido en una amenaza directa a la gobernabilidad y a la operatividad de las empresas.
El Rol del Nuevo Gobierno: El gobierno de transición, encabezado por el actual presidente José Jerí, debe implementar medidas concretas y de impacto inmediato frente a la violencia, considerando que fue precisamente esta crisis la causa principal que motivó la destitución presidencial.
3. La Transición y el Orden Constitucional
La asunción del cargo por parte del presidente del Congreso, José Jerí, se da en cumplimiento del orden de sucesión constitucional (artículo 115). Su promesa de un “Gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional” deberá traducirse en acciones concretas que garanticen:
- El Proceso Electoral: Su principal responsabilidad será conducir al país hacia las elecciones previstas para abril de 2026, asegurando un proceso transparente, limpio y oportuno.
- La Estabilidad y la Confianza: Un gobierno de transición debe centrarse en mantener la estabilidad macroeconómica, respetar los contratos y preservar la neutralidad política para evitar mayores sobresaltos en los mercados.
Desde nuestra óptica legal, la destitución de la presidenta Dina Boluarte, aunque se enmarca dentro de los procedimientos constitucionales, es un síntoma alarmante de la debilidad institucional del Estado peruano.
En CPL Consultores & Asociados, reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad y la seguridad jurídica. Exhortamos a las instituciones y al nuevo Gobierno de Transición a priorizar el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho, como único camino viable para recuperar la confianza ciudadana e impulsar un desarrollo sostenible.
Área de Investigación: CPL Consultores & Asociados
Departamento: Legal
Materia: Constitucional